El próximo día 30 de septiembre, a las 9.15 horas en el Colegio de Abogados de Barcelona, tendré ocasión, junto con Santiago Ripol, de debatir algunas consideraciones jurídicas sobre el asunto Ashley Madison, que este verano ha salido a la luz mientras disfrutábamos de nuestras vacaciones.
La web de aventuras sexuales Ashley Madison de la empresa Avid Life fue hackeada por el grupo de piratas informáticos autoproclamados “The Impact Team”, quienes aseguran que poseen datos de millones de clientes de la web de relaciones extramatrimoniales.
“The Impact Team” amenaza a la compañía con difundir los datos de sus usuarios si no cierra Ashley Madison y Established Men y además informa que los usuarios que hubieran pagado una cuota a Avid Life para borrar permanentemente sus datos habían sido engañados, pues la compañía retiene los registros de datos personales, incluyendo la información de sus tarjetas de crédito.
Las reacciones no se han hecho esperar y ya ha empezado una cascada de demandas porque, como es evidente, el asunto Ashley Madison suscita distintas cuestiones jurídicas en el entorno del derecho a la privacidad y a la protección de datos y del derecho a la intimidad y a la propia imagen, cuestiones jurídicas que posiblemente derivarán en conflictos jurídicos.
- En primer lugar nos encontramos con el hecho delictivo de acceso a un sistema de información en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo.
- En segundo lugar cabría la posibilidad de que la propia compañía haya incurrido en infracciones en materia de protección de datos por posibles vulneraciones referidas a la seguridad de los datos, a su conservación o a su cancelación.
- En tercer lugar, los hechos comentados afectarían al ámbito de la intimidad de los usuarios del web en caso de difusión en Internet de su información personal. En este caso, aplicaría el ejercicio del derecho al olvido, es decir el ejercicio de la cancelación de datos ante los buscadores de Internet y ante los sitios de Internet que almacenaran contenidos de este tipo, a la vez que la difusión de esta clase de información constituiría claramente una vulneración del derecho a la intimidad, que podría llegar a constituir un tipo penal.
- Finalmente, existirían afectaciones jurídicas indirectas como la utilización de la información de los usuarios como posible prueba en litigios matrimoniales o laborales, que por supuesto conllevaría la necesidad de analizar la licitud o ilicitud del modo de obtención de las pruebas.
Ante este escenario jurídico de afectación de derechos, las actuaciones ante los tribunales en defensa de los derechos de cada actor están en marcha y amenazan en convertirse en un acontecimiento viral.
Jordi Bacaria Martrus
Managing Partner – Global Legal Data
jbacaria@legal-data.net